Registro
Democrático 16–26

La Constitución dice que España es un «Estado social y democrático de Derecho» (art. 1.1). Son tres ideas distintas y te conviene no mezclarlas: democrático es quién manda, y eso lo decides tú con tu voto (art. 1.2 y art. 23); de Derecho significa que las leyes obligan también a quien gobierna (art. 9.1) y que unos poderes vigilan a otros: las Cortes controlan al Gobierno (art. 66.2) y los tribunales, a la Administración (art. 106.1); social, que los poderes públicos tienen que ocuparse de tu educación, tu salud o tu pensión (art. 27, art. 43 y art. 50).

Una diferencia importante: la educación es un derecho fundamental, y si te lo vulneran puedes ir a los tribunales y llegar al Constitucional (art. 53.2). La salud, la vivienda o las pensiones son «principios rectores» (arts. 39 a 52): deben guiar las leyes y lo que hacen los gobiernos, pero ante un juez solo puedes reclamar lo que digan las leyes que los desarrollan (art. 53.3).

Un partido puede ganar unas elecciones limpias y aun así debilitar los contrapesos que te protegen. Por eso aquí los revisamos uno a uno:

Control parlamentario

Si tus representantes pueden investigar y controlar a quien gobierna (art. 66.2 y art. 76, comisiones de investigación).

Independencia de instituciones

Si jueces, fiscales y órganos de control trabajan sin que nadie los presione: jueces independientes (art. 117.1), fiscales sujetos a la legalidad y la imparcialidad (art. 124.2) y Tribunal de Cuentas (art. 136).

Incumplimiento de leyes y sentencias

Si quien gobierna cumple las mismas leyes y sentencias que te obligan a ti (art. 9.1 y art. 118).

Derechos fundamentales y control judicial

Lo que han dicho el Constitucional y el Supremo sobre tus derechos (arts. 14 a 29 y art. 53.2).

Medios públicos y propaganda

Sin información libre no puedes votar sabiendo lo que votas. La Constitución protege la información veraz y pide control parlamentario y pluralismo en los medios públicos (art. 20).

Financiación y corrupción

Si se compite con reglas limpias y qué se hace con el dinero que pagas en impuestos: partidos con funcionamiento democrático (art. 6), gasto público equitativo y eficiente (art. 31.2) y una Administración que sirve con objetividad (art. 103.1). Para un listado más amplio de casos de corrupción de todos los partidos, puedes consultar Casos-Aislados.com. Recoge datos publicados en medios y sentencias y, como advierte la propia web, puede no estar siempre al día; quien no ha sido condenado es inocente. No forma parte de este registro: aquí entran condenas, juicios, investigaciones judiciales abiertas y actuaciones de organismos oficiales, cada una con su nivel de prueba y su fuente.

Gestión pública y derechos

Cómo se cumple la parte «social» (arts. 39 a 52). Son decisiones políticas que puedes criticar, no hechos antidemocráticos.

Abarca de 2016 a 2026: los gobiernos de Rajoy y de Sánchez y los de todas las comunidades. Cada hecho se atribuye a quien gobernaba en esa fecha. No vas a encontrar rankings ni conclusiones: esas las sacas tú.

Para saber a quién pedirle cuentas de cada cosa, mira quién es responsable de qué: qué decide el Estado y qué gestionan las comunidades.

Cómo leer el nivel de prueba. En negro va lo más sólido: sentencia firme y Tribunal Constitucional. En gris, lo que dice un organismo oficial o una resolución judicial que todavía se puede recurrir. En gris claro, las investigaciones judiciales abiertas, donde rige la presunción de inocencia, y lo documentado en medios o en votaciones.

Verás más normas del PP porque tuvo mayoría absoluta en más cámaras y durante más tiempo, no porque se haya buscado de forma distinta. Para comparar, fíjate en las proporciones de cada cámara en el resumen de abajo.

Lectura única

La ley se vota directamente en el pleno, sin pasar por comisión y sin fase de enmiendas: un solo debate y una sola votación del texto entero (art. 150 del Reglamento del Congreso).

Urgencia

La piden el Gobierno, dos grupos o una quinta parte de la Cámara, la acuerda la Mesa y los plazos de la tramitación se reducen a la mitad (art. 93 y art. 94 del Reglamento del Congreso).

Decreto-ley

Lo aprueba el Gobierno y puede estar en vigor antes de que vote el parlamento. Solo se puede usar ante una «extraordinaria y urgente necesidad» y no puede afectar a las instituciones básicas del Estado, a los derechos y deberes del Título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general. El Congreso tiene 30 días para convalidarlo o derogarlo entero, y las Cortes pueden además tramitarlo como proyecto de ley por urgencia, lo que permite enmendarlo (art. 86 de la Constitución).

Ómnibus

Una sola norma cambia a la vez muchas leyes de temas distintos, lo que la hace más difícil de debatir y de seguir.

Proposición del grupo del Gobierno

La ley la presenta el grupo parlamentario y no el Gobierno. Así no pasa por los trámites que se exigen a los anteproyectos del Gobierno, como la consulta pública previa o la memoria del análisis de impacto normativo (en el Estado, art. 26 de la Ley 50/1997, del Gobierno).

Enmienda de última hora

Se mete un contenido nuevo durante la tramitación, a veces sin relación con el resto de la ley.

Los artículos enlazados son los del Estado. Cada parlamento autonómico tiene su propio Reglamento y cada comunidad, su Estatuto y su ley de gobierno, con reglas parecidas pero no idénticas.

Ninguna de estas vías es ilegal por sí misma y las usan partidos de distinto color. Lo que puedes valorar tú es cuánto y para qué se usan.

Solo entran afirmaciones de cargos públicos (ministros, diputados, senadores, consejeros, presidentes autonómicos, alcaldes de capitales, eurodiputados, portavoces) o de cuentas oficiales de partidos, grupos parlamentarios y gobiernos, entre 2016 y 2026. También entran los líderes de partido, aunque no tengan escaño, y los candidatos en campaña o con la cámara disuelta: siguen siendo políticos en activo que piden tu voto.

Cada una tiene que estar desmentida por un verificador miembro de la red europea de verificadores (EFCSN): Maldita.es, Newtral, EFE Verifica o Verificat. Se ha buscado igual para todos los partidos y no se fuerza el mismo número para cada uno.

No entran las opiniones, las predicciones ni lo que el verificador solo califica de «engañoso» sin un dato falso. Si un partido tiene más entradas, no es una conclusión de esta página: es lo que salió con el mismo método.

La fecha es la del día en que se dijo cuando el verificador la da; si no la da, es la de la publicación de la verificación, que suele ser uno o dos días después.

Las promesas no las elige esta página: en cada área es la primera medida comprobable (una acción concreta o una meta con número) del capítulo correspondiente, en el orden en que la presenta el propio partido. Si el capítulo empieza con una lista de compromisos, se usa esa lista primero. Se saltan las declaraciones generales («apostaremos por…»), continuar algo que ya existía sin una meta medible y lo que se exige a otra administración («exigiremos al Gobierno…»), porque no son medidas propias; en cada promesa se dice qué se ha saltado. Si un programa no tiene promesa en un área, lo verás indicado. Se evalúan con el BOE, los boletines autonómicos, los presupuestos o los datos oficiales.

Solo se cuenta lo hecho mientras ese partido gobernaba. Una promesa cumplida fuera del plazo que fijaba el propio programa cuenta como «a medias».

Vox no ha gobernado en España. Entre 2022 y 2024 gobernó en coalición con el PP en Castilla y León, la Comunitat Valenciana, Aragón, Extremadura y Murcia, hasta que anunció su salida de esos gobiernos el 11 de julio de 2024. Por eso se evalúan los cinco acuerdos de gobierno que firmó entonces, no su programa electoral, y solo con lo hecho mientras estuvo dentro. En 2026 volvió a entrar en los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León con acuerdos nuevos; se evaluarán cuando haya pasado tiempo suficiente para juzgarlos.

Esta pestaña mide promesas de vivienda, sanidad, educación, pensiones y dependencia, e impuestos. Los casos de corrupción y financiación están en la pestaña Registro.

Cumplida: se aprobó lo prometido. A medias: se aprobó una parte o algo menor de lo prometido. No cumplida: no se aprobó. En trámite: estaba en marcha cuando se disolvió el parlamento. En curso: la legislatura no ha terminado, así que se cuenta lo hecho hasta ahora sin veredicto final. Sin promesa: el programa o el acuerdo no tiene una medida comprobable en esa área. En cada promesa ves si el partido gobernaba solo o en coalición y si dependía de otros.

Antes de mirar un dato, conviene saber quién decide sobre él. La Constitución reparte las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, que asumen las suyas en sus Estatutos: en muchos temas son compartidas, porque el Estado fija las bases y parte de la financiación y la comunidad gestiona el servicio. Esta tabla no culpa a nadie: dice quién tiene cada competencia.

Una excepción: durante el primer estado de alarma de 2020, el Gobierno actuó como autoridad competente y dictó órdenes para servicios que gestionan las comunidades, como la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, sobre las residencias de mayores; la gestión siguió siendo de las comunidades. Lo que dice cada estatuto de autonomía puede variar en detalle de una comunidad a otra.

Son los partidos con consejeros en cada gobierno autonómico a 31 de diciembre de cada año (en 2026, a día de hoy). En las tablas de abajo, si pasas el ratón por encima de un dato, verás quién gobernaba ese año. Fuente: reales decretos de nombramiento (BOE) y dosieres del Senado.